La UBA vivio un largo y fuerte debate sobre la Magistratura

Con el marco de solemnidad que aporta la Facultad de Derecho, dirigentes del kirchnerismo enfrentaron ayer un debate sobre la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por el oficialismo, que resultó la contracara de lo que se espera que ocurra en la Cámara de Diputados, integrada por Juanjo Alvarez: discutieron en clara minoría y debieron soportar las críticas de la mayoría de los asistentes. Si en algo se pareció este debate al que se producirá en la Cámara baja el 15 o el 22 del mes actual -en el que se espera que la reforma se convierta en ley- es que los expositores asistieron con ideas fijadas de antemano, de las que no se movieron ni un centímetro, pese a los argumentos del resto de los oradores. Por ese difícil camino transitaron la senadora Vilma Ibarra; el procurador del Tesoro de la Nación, Osvaldo Guglielmino; el diputado Luis Cigogna y la diputada y consejera Diana Conti. El otro representante del kirchnerismo fue el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, que abrió el debate, organizado por la Asociación Conciencia como parte del Diálogo Argentino. El escenario fue el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la UBA. Las discusiones más encendidas de la tarde giraron en torno de la reducción de 20 a 13 consejeros que establece la reforma kirchnerista y el poder de bloqueo que lograría el oficialismo en la designación y remoción de magistrados. Ocurre que al conservar cinco consejeros sobre un total de trece, la postura del oficialismo sería determinante en las votaciones en las que se requiere alcanzar los dos tercios. Aunque dijo que era un dirigente de carácter más técnico, Guglielmino avivó el fuego de entrada. "Los que se oponen a la iniciativa ocultan deliberadamente el hecho de que si esas decisiones se tomaran por mayoría absoluta (mitad más uno) desaparecería el poder de bloqueo", sostuvo. Guglielmino recordó que esa variante había sido propuesta por la senadora Cristina Kichner durante el debate en el Senado. "Si algo demuestra el debate es que el Gobierno no ha hecho una campaña periodística. Lo que sí hubo fue una campaña de la prensa en contra del proyecto", agregó. "Captura del oficialismo" Antes de la exposición del procurador, el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra se había llevado una de las tantas ovaciones que regaló el auditorio, en su mayoría compuesto por abogados y representantes de organizaciones civiles que se oponen a la reforma. Gil Lavedra sostuvo que el proyecto supone "la captura del Consejo de la Magistratura por parte del oficialismo". Argumentó su oposición a la iniciativa sobre cuatro premisas: la instrumentación del Consejo de la Magistratura se justifica sólo para garantizar la independencia de la Justicia; el Poder Judicial es un poder contramayoritario destinado a controlar a las mayorías; el equilibrio entre los sectores que exige la Constitución significa que ningún sector prevalezca sobre otro ni pueda bloquear las decisiones del conjunto; la Constitución no impone que el Poder Ejecutivo esté representado en el Consejo. "Ningún candidato a juez va a integrar una terna si el Gobierno no quiere. Ningún juez va a ser removido si el Gobierno lo protege", concluyó el ex ministro radical. Le tocó responderle a Vilma Ibarra. La senadora relativizó la relevancia de que se establezca un poder de veto. Argumentó que de acuerdo con el actual sistema, si al Poder Ejecutivo no le gusta un candidato de la terna que elevó el Consejo, tiene facultades para elegir a otro. "Con eso no se dirige al Poder Judicial. Este gobierno se autolimitó en las designaciones en la Corte, cuando en este país lo primero que hace un gobierno que quiere controlar la Justicia es ir por la Corte", sostuvo. Rápida de reflejos, la diputada de ARI Marcela Rodríguez dijo que el poder de veto en la designación de jueces podría servirle al oficialismo para hacer ingresar en la terna un candidato afín al Gobierno. Rodríguez, actual consejera, subrayó que pese a que el oficialismo criticó a la "corporación de jueces" durante el debate parlamentario, introdujo en la reforma un antiguo reclamo de los magistrados: el plazo de caducidad en las investigaciones contra los jueces. En el siguiente panel, la diputada Conti justificó que en la reforma se privilegie la participación de los órganos que representan la voluntad popular, como el Congreso y el Poder Ejecutivo. El debate duró más de cuatro horas. Se escucharon las opiniones de algunos de los más reconocidos juristas del país, como Daniel Sabsay, Jorge Vanossi, Atilio Alterini, Juan Vicente Sola y María Angélica Gelli, entre otros. Al finalizar, cada uno se fue opinando exactamente igual que antes del comienzo de la discusión.