Una política contra el terrorismo

Por Juanjo Alvarez
Es tiempo de definir una política contraterrorista clara, comprehensiva y consensuada.
El fenómeno terrorista debe ser considerado como un hecho criminal complejo, y no una agresión de guerra, sea interna o externa, que desarrolla acciones dirigidas a poner en peligro la vida, integridad física o libertad, o causar estragos; generado por móviles especiales: político-ideológicos, religiosos, étnicos, etc.; con el fin de producir alarma, temor colectivo o coacción; mediante el empleo de armas o elementos de elevado poder ofensivo y perpetradas por integrantes de organizaciones constituidas a tal fin.
Esto significa que los medios a emplear en una política contra-terrorista son las fuerzas de seguridad y policiales —no las fuerzas armadas—, que el marco legal que regula el empleo de dichos medios es la legislación interna (Código procesal y penal, más legislación especial y convenios internacionales), y que los procedimientos de empleo de dichos medios no sólo están bajo control político sino también judicial.
No por dejar de participar en operaciones de mantenimiento de paz o abandonar el involucramiento multilateral en escenarios conflictivos dejaremos de ser blancos potenciales del terrorismo. En otras palabras, la selección de los blancos no reconoce necesariamente una lógica político sino operativa; esto es, golpean allí donde pueden causar más muertes que luego puedan ser retransmitidas a toda la aldea global.
La única manera de reducir las probabilidades de ser blanco potencial es disminuir nuestras vulnerabilidades mediante estrategias de prevención y represión. Para ello, deben tenerse bien presente ciertas pautas.
Primero, una política contraterrorista efectiva no depende de la restricción de libertades individuales. Segundo, debe ser integral y atender tanto la prevención como la conjuración.
Tercero, una política efectiva tiene que ir acompañada de un fuerte control político. Dado que se requiere información secreta y procedimientos encubiertos para ser eficaz, es necesario contemplar los mecanismos de control sobre las agencias encargadas.
En las repúblicas democráticas consolidadas, este control les corresponde a los representantes del pueblo —los legisladores—. Esto es esencial para el normal funcionamiento de las instituciones que buscamos defender.