El asedio a la Legislatura por un minúsculo grupo que impidió la
sesión, rompió y quemó las puertas de acceso, no dejó vidrio sano
y retuvo como rehenes durante horas a sus trabajadores, marca un
límite que el gobierno nacional no debería ignorar, sin grave
riesgo para su futuro.
Se iban a tratar las enmiendas al Código de Convivencia
promovidas por el hombre de negocios dudosos Mauricio Macri. Su
proyecto confunde contravenciones con delitos, promueve
soluciones violentas para conflictos vecinales, devalúa la
libertad de los pobres. Con toda razón, muchos afectados
procuraban hacer reflexionar a los legisladores. Sobre estos
reclamos se montaron las microfracciones de la paleoizquierda,
que sueñan con la toma del Palacio de Invierno. Como cada vez
convocan a menor número han incrementado la audacia de sus
acciones. El más silencioso y pensante de sus líderes decidió
prenderle fuego a la sede de Repsol y la escalada que se inició
esa tarde no cesa. Desprecian el marco institucional y desearían
tirarlo abajo para construir una república democrática popular
del área de una manzana, que es su máximo horizonte.
El gobierno nacional definió una política sagaz y decente: no
reprimir. Pero esto requiere una planificación y una ejecución en
el terreno, cuya ausencia es tan funcional a los intereses
creados que detestan a este gobierno imprevisto como la
previsible provocación trotskysta. En el verano de 2001/2 creían
que el poder estaba al alcance de la mano. La movilización no era
de centenares sino de decenas de miles de personas. El secretario
de Seguridad Juan José
Alvarez definió una política: disuadir por el número
de efectivos, el vallado y la prevención. Con buena información
(obtenida por el diálogo directo con los manifestantes antes que
por la infiltración de inteligencia) y control político
inflexible sobre una fuerza de seguridad a la que no se le
permitía el uso de armas letales, consiguió atravesar esos
tórridos meses sin víctimas que ensombrecieran más aún al país.
Su minimalismo no recibió el reconocimiento que merecía.
Hoy la contención no violenta debería ser mucho más fácil, por la
soledad en que se mueven los adoradores del fuego. Pero la
escandalosa ineficacia de la Secretaría de Seguridad convierte
cada manifestación en una ruleta rusa y encierra al gobierno en
un dilema con dos términos perdedores: los del descontrol o la
muerte. Norberto Quantín y José María Campagnoli hicieron un buen
trabajo como fiscales de la ciudad Buenos Aires. No les da para
más y cada día se les nota más. La incapacidad de ese equipo es
una bendición para quienes, como dice el presidente Kirchner,
quieren inviabilizar su gobierno. Ayer se vio que pueden
lograrlo. El tiempo no sobra.
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