Juan Jose Alvarez declaro en el juicio a Ibarra

El ex secretario de Seguridad y Justicia porteño, Juan José Alvarez, aseguró hoy que antes de que se produjera la tragedia de Cromañón "había gente valiosa y mecanismos adecuados" de control, y consideró que, a pesar de la existencia de esa estructura "correcta" de control, "no alcanzó". Alvarez agregó que el propio Ibarra se informaba personalmente de cómo se desarrollaba su gestión: "Era un tema de consulta muy habitual".

 

  

Alvarez señaló que, cuando asumió el 7 de enero de 2005, ocho días después del incendio que causó 194 muertes, "no es que no existía nada" en esa dependencia comunal: "Sobre la estructura que había, teníamos que redireccionarla en función de la situación concreta y lo que son mis criterios objetivos con los cuales gestiono".

 

El actual diputado nacional, que declaró hoy como testigo en el juicio político contra el suspendido jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, afirmó que en esa secretaría "había gente valiosa, mecanismos adecuados, gente con nivel de formación correcto, pero no alcanzó".

 

Asimismo, dejó en claro que "ninguna autoridad política puso cortapisa" a su gestión, "no las he tenido. Los lineamientos eran claros: saturación de inspecciones, concentración de recursos en lugares críticos, clarísima señal a la sociedad de que esos eficaces operativos fueran transparentes. Todas estas cuestiones estaban claras, no había ninguna recomendación de hacer algo distinto".

 

Alvarez agregó que el propio Ibarra se informaba personalmente de cómo se desarrollaba su gestión: "Era un tema de consulta muy habitual".

 

El diputado indicó que, al asumir su cargo, "llego a un lugar donde había evidentemente una enorme crisis" en el cual, agregó, había "un fuerte shock", así como "necesidades concretas".

 

Recordó que "los cuadros de la burocracia intermedios estaban en un fuerte shock, cuestionados por el conjunto de la sociedad y en función de uno de los dramas más espantosos que podemos imaginar".

 

"Frente a esa situación, nuestra gestión, la mía, que duró cuatro meses, estaba marcada por ese estado de situación al que llego. No podíamos decirle a la gente 'ha pasado lo que todos sabemos, hay un área fuertemente cuestionada, entonces vamos a cerrar durante un tiempo para ver cómo reiniciamos nuestra tarea'. Había necesidades concretas", indicó.

 

Según el ex funcionario porteño, "ese fue un momento particularmente complejo para todos nosotros. Intentamos rápidamente poner de pie una capacidad fundamental irrenunciable del Estado, que es la capacidad de fiscalización, para que en adelante los porteños se sintieran seguros cuando accedieran a los servicios de esta ciudad".

 

En ese sentido, resaltó que las inspecciones se concretaron "sin importar quiénes estaban detrás de los locales y sus niveles de facturación".

 

En ese momento, "había unos 200 boliches funcionando en la Ciudad. A partir de la creación del registro, eran algo menos de 50 los que estaban en orden y podían reiniciar su tarea una sencilla y eficaz solución".

 

"Fue fundamental elaborar el mapa de riesgo", que "tenía que ver con las posibilidades de asignar los recursos", y destacó que cuando un inspector llegaba a un local cerrado, "era una luz amarilla", y si estaba abierto, "si creía que tenía que clausurar, clausuraba".

 

Alvarez evaluó que "las denuncias (de vecinos a las sedes policiales o comunales) eran importantes, es prudente atenderlas, pero una actitud reactiva sería muy poco. Hay que tener una rutina de inspecciones. De nada sirve que la semana equis se hagan 50 mil inspecciones, si después no se van a hacer más. Logramos avanzar sobre una sistematización, que fue positiva".

Juan Jose Alvarez hablo mas de si mismo que de Cromañon

Tanto la fiscalía como la defensa del juicio político contra Aníbal Ibarra esperaban más de la declaración del ahora diputado nacional Juan José Alvarez. Sin embargo, las dos partes quedaron conformes con los testimonios del ex funcionario, a quien convocó Aníbal Ibarra una semana después del trágico accidente en el local República de Cromañón, tras la renuncia de Juan Carlos López. Se esperaba que la declaración del bonaerense actuara como bisagra en el proceso, pero Alvarez habló más de sí mismo y sus competencias que de Cromañón. Los ibarristas quizá pretendían que el ex secretario aseverara que todo funcionaba perfectamente al momento de su arribo y, en cambio, la oposición, que todo era un caos.

En realidad, Alvarez se animó a defender más a Ibarra, pero ya fuera del recinto donde se llevan las audiencias, es decir, ante los medios. Por eso para la oposición su testimonio perjudicó a Ibarra porque «con las normas que ya existían pudo clausurar locales». Para la defensa, habló bien del suspendido jefe de Gobierno «porque dijo que lo acompañó en todo sin restricciones».

Alvarez, con largas respuestas que fundamentalmente versaron sobre su manera de gestionar, aseguró que se presentó ante la Sala Juzgadora (podía declarar por escrito) sin intenciones de «inculpar ni exculpar a nadie», sino de explicar los pasos para «recuperar la capacidad de fiscalización» en un escenario de «crisis» en la Ciudad, luego de Cromañón.

«Llegué a la Secretaría de Seguridad, a un lugar con una enorme crisis», dijo el ex funcionario y aclaró: «Vine a un gobierno con el cual no tenía ninguna relación política, ni partidaria, de ningún tipo. Ni siquiera soy vecino de la Ciudad».

• Poder de clausurar

Una de las cuestiones importantes que destacaron los fiscales es que Juanjo Alvarez demostró que «los inspectores tenían poder de policía para clausurar con las normas en vigencia», pero que no se aplicaron.

«Con la normativa vigente al 7 de enero de 2005 -ocho días después de la tragedia- se hicieron quinientas clausuras. El poder de policía no se interpretaba, se aplicaba», afirmó Alvarez -quien condujo el área de Seguridad durante cuatro meses-, lo que fue interpretado como que la gestión anterior era deficiente, teniendo en cuenta que el local República de Cromañón carecía de la habilitación por medidas de seguridad contra incendios que otorgan los Bomberos de la Policía Federal.

Antes de Alvarez declaró su sucesor en el cargo, el actual secretario de Seguridad, Diego Gorgal, y también afirmó que la falencia de certificación o el vencimiento del certificado de Bomberos era una causal de clausura. Eso resultó para la fiscalía casi la evidencia que estaban buscando para adjudicar a Ibarra mal desempeño, aunque inspectores que declararon en audiencias anteriores aseguraron que la normativa no les permitía clausurar, sino intimar.

Les preguntaron si los inspectores pueden consultar por handy, en medio de un operativo, si clausuran o no, como habían narrado otros testigos: «A un inspector no se le puede dar una potestad a medias. No hay limitación para eso», dijo Alvarez -«No». y Gorgal fue rotundo: Para la defensa de Ibarra, que el área funcionara con irregularidades no implica que el jefe de Gobierno sea acusado de mal desempeño. En cambio, para los acusadores es suficiente.

Por otra parte, Gorgal reveló que separó momentáneamente de su cargo a Paula Trunso, la funcionaria que supuestamente organizó una reunión entre Ibarra y un inspector que debía declarar como testigo en la Sala Juzgadora. Eso cayó mal en la defensa, que viene desestimando el episodio.

Además, afirmó que hay 70 mil establecimientos críticos y que durante 2005 hubo 10 denuncias por corrupción y que los inspectores sospechados fueron separados preventivamente del cargo.

Después de los funcionarios llegaron a la sala otros testigos, entre ellos el que condujo la troupe de inspectores que Ibarra desalojó acusándolos de « focazo de corrupción», en 2003. Alejandro Kampelmacher respondió sobre una inspección al Reventón (luego convertido en República de Cromañón), que supuestamente debía haber sido clausurado, pero no lo fue. Sin embargo, esa respuesta favoreció a Ibarra ya que a todo ese plantel lo desplazó sospechándolo de corrupción.

Juan Jose Alvarez declaro en el juicio de Ibarra

“NI A INCULPAR NI A EXCULPAR”
 

“No vine a inculpar, ni a exculpar a nadie”, sostuvo el diputado duhaldista Juan José Alvarez, apenas salió de declarar en el juicio político a Aníbal Ibarra. Alvarez desembarcó tras Cromañón en el Gobierno porteño y se hizo cargo de la Secretaría de Seguridad. Ayer dijo que la encontró “en una enorme crisis” y que, con la misma normativa, duplicó las inspecciones y clausuró 500 locales. Su testimonio –al igual que el de Diego Gorgal, que ejerce actualmente el cargo– contrastó con el de los inspectores que aseguraron la semana pasada que no se podía clausurar. “El Estado recuperó la capacidad de fiscalización, que perdió mucho antes de Cromañón”, evaluó el fiscal Jorge Enríquez, mientras que el defensor Julio Golodny destacó que “Alvarez fue favorable a Ibarra, porque dijo que recibió su apoyo”.

Apenas entró, Alvarez explicó que había renunciado a su derecho, como diputado, de responder por escrito y que incluso había concurrido al enterarse por los medios, porque la citación oficial nunca la recibió. Fue muy precavido en sus respuestas, pero dejó entrever algunas falencias del esquema previo. Contó que en los 120 días que estuvo a cargo hizo una 500 clausuras con la misma normativa de antes de Cromañón. “Hicimos una oleada de inspecciones, que para algunos fue un show, pero le decía a la sociedad que estábamos controlando”, recordó, e incluso se permitió citar a Perón (“el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor”). Aseguró que se duplicaron las inspecciones, que creó un mapa de riesgo –que le tomó un mes– y un registro donde los boliches debían inscribirse previamente para funcionar. “Si existía antes, no tengo conocimiento”, dijo.

Respiró hondo cuando le preguntaron cómo había encontrado el área. Recurrió a la interpelación a Ibarra: “El jefe de Gobierno dijo que el área no funcionaba ni de lejos correctamente. Mi sensación es que había mucho por hacer”. Remarcó la presión de la sociedad después del incendio. “Llego a un lugar donde había una enorme crisis”, reiteró, y luego lo relativizó: “No es que tuve que sacar de abajo de la tierra lo que no había. Había gente valiosa y mecanismos adecuados. No alcanzó”, sentenció.

Gorgal confirmó las líneas que planteó Alvarez, aunque la mayor parte de su declaración pareció un informe de gestión. Recordó que Ibarra ordenó que no fuera a la comisión investigadora de Cromañón, que estaba integrada únicamente por la oposición. “Había una valoración política para no concurrir”, explicó. Sostuvo que el inspector no debe consultar cuando hay que clausurar un local y que sin certificado de incendios, se clausura. Los inspectores que declararon la semana pasada habían dicho lo contrario sobre la gestión de Fabiana Fizsbin. Gorgal aseguró que en 2005 se hicieron 50 mil inspecciones, frente a 16 mil de 2004.

A pesar de que la fiscalía interpretó que los testimonios sirven a su estrategia, en el gobierno porteño evaluaron que fue favorable a Ibarra. “Alvarez no hizo un planteo tajante, del tipo ‘antes era un desastre’”, analizó el secretario de Comunicación porteño, Daniel Rosso, que consideró que la gestión de Fizsbin “operó sobre una situación previa de corrupción. Antes tenías un número alto de inspecciones y uno bajo de clausuras”. Señaló que en 2003, hubo 45 mil inspecciones y 400 clausuras, y que en 2004 hubo 16 mil inspecciones y más de 1500 clausuras.

Ayer faltaron Ana Fernández y Gustavo Torres, dos ex funcionarios procesados en la causa de Cromañón. Sí asistió el ex coordinador de la UPI, Horacio Santinelli, que fue separado del cargo cuando asumió Fizsbin en 2003. Fue asesor del legislador Ariel Schiffrin, un ex aliado político de Ibarra que lo enfrentó duramente tras Cromañón. Contó que cuando se formó la UPI trabajaban en una pizzería. “Esta situación duró un mes y medio”, explicó. Además, dijo saber de una cena de fin de año en 2003 en el boliche Millenium –cuya habilitación se cuestionó en el juicio– de la que participaron Fizsbin y Vilma Ibarra. También relató un incidente con el director de Fiscalización y Control, Alejandro Kampelmacher, que intentó impedir que clausuraran una parrilla. Kampelmacher fue separado junto con otros 500 empleados cuando Ibarra descubrió un “focazo de corrupción”. Kampelmacher, que declaró después, negó el incidente. “¿Usted o su esposa son dueños de una parrilla?”, preguntó la macrista Silvia Majdalani. “La única parrilla que conozco es la del fondo de mi casa”, contestó.

Informe: Werner Pertot.

Juan José Alvarez llegó a la Secretaría de Seguridad luego de la tragedia de Cromañón.

Alvarez repartio criticas y algunos elogios para el gobierno de Ibarra

Por Mariana García.


Si algo demostró Juan José Alvarez en su testimonio de ayer fue una envidiable capacidad de equilibrista. El ex secretario de Seguridad porteño declaró durante dos horas ante la Sala Juzgadora que lleva adelante el juicio político contra Aníbal Ibarra y, con un discurso sin fisuras, terminó llevándose elogios de la defensa, de la acusación y también de los jueces.

"Llegué a un lugar donde había, evidentemente, una enorme crisis", dijo Alvarez sobre su arribo a la secretaría de la que dependía el sistema de control y habilitaciones. De inmediato, a los tres fiscales se les dibujó una sonrisa que duró poco. "No es que no existía nada, había gente valiosa y mecanismos adecuados", siguió, y esta vez, a quienes se les dibujó una sonrisa fue a los tres abogados defensores.

Es que todos quedaron conformes con la declaración del ahora diputado nacional Alvarez en el juicio político que determinará la responsabilidad del suspendido jefe de Gobierno porteño en el incendio de Cromañón. Para los fiscales, con su testimonio quedó claro que las leyes que existían ante de la tragedia eran suficientes para poder controlar y clausurar los boliches de la Ciudad.

"Alvarez elaboró en un mes un mapa de riesgo, algo que Ibarra nunca hizo", le dijo Jorge Enríquez a Clarín. Entusiasmado, el más fervoroso anti-ibarrista de los tres fiscales, repetía uno a uno los datos aportados por el ex secretario de Seguridad.

La defensa también de deshizo en elogios: "Fue un examen de idoneidad, Alvarez mostró la más amplia solvencia y, como él mismo dijo, tuvo el amplio apoyo del jefe de Gobierno", sostuvo Julio Golodny, uno de los abogados de Ibarra. Es que para la defensa, sí la gestión de Alvarez fue exitosa, el mérito corresponde a quien lo designó, es decir a Ibarra.

Alvarez aseguró que en los cuatro meses que duró su gestión se hicieron unas 500 clausuras de locales considerados peligrosos, que iban desde boliches hasta estaciones de servicio. Dijo también que esos comercios fueron cerrados con "la normativa vigente al 7 de enero de 2005", es decir al día de su asunción. Aunque él mismo aclaró después que, para entonces, Ibarra ya había firmado dos decretos de necesidad y urgencia fijando nuevas normas.

Pero Alvarez también agregó un dato clave para la acusación: que los inspectores tenían la facultad para clausurar por sí solos.

"Yo no vine ni a inculpar ni a exculpar a nadie", sostuvo Alvarez ante la prensa luego de su declaración en el recinto de la Legislatura. Había llegado a las 8:30 de la mañana y tuvo que esperar pacientemente hasta las 13 para que comenzara su turno.

Antes que él lo había hecho Diego Gorgal, quien lo reemplazó en la Secretaría de Seguridad y quien también recibió elogios cruzados (ver página 15).

Juan José Alvarez llegó a ese puesto ocho días después de la tragedia. Su nombre lo había propuesto el otro peronista del Gabinete porteño, el vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman. Alvarez dijo que sólo iba a asumir si tenía la aprobación del presidente Néstor Kirchner pero también de su padrino político, Eduardo Duhalde. Tuvo ambas. Eran los tiempos en que en la Casa de Gobierno creían que había que apostar al rescate de Ibarra.

Alvarez dejó sus vacaciones en Punta del Este para comandar —y mostrar— los megaoperativos de control. En un gobierno en estado de shock, su estilo contrastaba. A los cuatro meses, tal cuál había acordado de antemano, se marchó, pero en su lugar dejó a su discípulo, Diego Gorgal.

EQUILIBRISTA. JUAN JOSE ALVAREZ, AYER, EN LA LEGISLATURA PORTEÑA. HABIA LLEGADO DE LA MANO DE KIRCHNER Y DUHALDE. (Foto: Gerardo Dell O´Ro) 

 

Un testimonio bien político

En los cuatro meses que duró su paso por la Ciudad, Juan José Alvarez se negó a ocupar su despacho. Prefirió seguir en sus oficinas de Recoleta. Desde allí podía darse el lujo de tardar horas en responder un llamado de su jefe, Aníbal Ibarra. Pero a pesar de sus silencios, su lógica peronista de ejecutar le dio al Gobierno porteño un poco de oxígeno luego de la crisis en que lo había sumergido la tragedia de Cromañón.
Ayer, Alvarez volvió a mostrar su estilo: su testimonio fue la primera declaración política en un juicio político. Y lo que hizo fue hacer política. Para él. El ex secretario de Seguridad fue el principal favorecido. Todos elogiaron su gestión. Alvarez había aceptado ese cargo seguro de que así podría reposicionarse en las primeras filas. Luego vinieron las elecciones y él quedó del lado de los perdedores. Hoy es uno de los pocos diputados que todavía se reconocen duhaldistas.

Dudas por los controles previos a 2005

Los testimonios brindados ayer ante la Sala Juzgadora de la Legislatura por el ex secretario de Seguridad y Justicia porteño Juan José Alvarez y por su sucesor, el actual secretario de Seguridad de la ciudad, Diego Gorgal, resultaron a todas luces negativos para la anterior gestión del área, a cargo de Juan Carlos López, porque demostraron que con prácticamente el mismo personal y la misma normativa podía realizarse el triple de inspecciones y depurarse el padrón de locales de distintos rubros habilitados en la Capital.

O sea que el poder de policía podía ser administrado y aplicado mejor que como se venía haciendo, un dato de peso en el juicio político a Aníbal Ibarra por mal desempeño, porque los principales cargos imputados en su contra tienen relación con el ineficaz ejercicio de esa potestad, que supuestamente creó las condiciones previas para que la tragedia de Cromagnon pudiera ocurrir y tuviera consecuencias de magnitud, como la muerte de 193 personas.

Deberán los 15 miembros de la Sala Juzgadora, al fin de la etapa de debate oral, inferir de los elementos recogidos de las declaraciones y de la prueba documental si la responsabilidad política sobre las irregularidades ya descubiertas en el área de control -junto con la falta de atención de las alertas institucionales y el manejo de la emergencia- alcanza al suspendido jefe de gobierno o queda restringida a niveles inferiores del gobierno porteño.

"Clausuré locales con la normativa vigente antes de Cromagnon, para algunos incluso demasiados. Debe haber habido alrededor de 500 clausuras. Las enfrenté con el mismo personal y con la normativa vigente", sostuvo Alvarez al responder a las preguntas de la acusación.

Luego, al ser consultado por la defensa de Ibarra, aclaró que entre esa normativa estaban los decretos de necesidad y urgencia firmados por él y por el funcionario desplazado. Pero luego ratificó sus dichos iniciales: admitió que "por la ordenanza 50.250 [previa al incendio en Once] los inspectores tenían potestad para clausurar ante la falta del certificado de instalaciones contra incendio al día" y admitió que buena parte de las discos cerradas tras la tragedia no hubieran podido reabrir por incumplimiento de la normativa anterior.

"Yo aplicaba el poder de policía con toda la contundencia. Si dijera que no se podía hacer, estaría en un problema", agregó el hoy diputado nacional duhaldista.

¿Cómo lo hizo si antes no se hacía? La fórmula la explicó así: "Con saturación de inspecciones, más concentración de los recursos en los lugares críticos, más una clara señal de que los operativos eran transparentes". Para determinar estos puntos críticos, claro, Alvarez debió confeccionar un mapa de riesgo porque no conoció -dijo- ningún mapa anterior. "Para nosotros era fundamental elaborarlo, para también tener la posibilidad de asignar adecuadamente las inspecciones", expresó.

Otros tiempos: el secretario Alvarez y el jefe de gobierno Ibarra, en enero de 2005. Foto: Archivo

El diputado asumió al frente de la entonces Secretaría de Seguridad y Justicia el 7 de enero de 2005, pocos días después del incendio en la disco de Bartolomé Mitre 3060, y emprendió una "oleada de inspecciones", según las palabras que él empleó ayer. "Eran parte de una política que decía a la sociedad y a quienes lucran con actividades que generan riesgo «Estamos controlando»", describió.

Además, recordó que, cuando llegó a la Ciudad, había unos 200 locales bailables habilitados y que ignoraba cuántos funcionaban. "Pero sólo 50 reabrieron durante mi gestión; entiendo que hoy son 70. El resto no cumplía los requisitos de seguridad", dijo.

Alvarez permaneció en el gobierno porteño hasta fines de abril. En cuatro meses, recordó ayer, hizo "unas 15.000 inspecciones", un número casi igual a las 16.000 realizadas en todo 2004. De todas maneras, aclaró, "el éxito de una gestión está en que se sistematicen las clausuras".

De que las clausuras habían quedado sistematizadas dio cuenta Gorgal, que era subsecretario de Alvarez y luego lo reemplazó. Informó que en todo 2005 la cifra ascendió a 50.000 inspecciones. "Llegamos a revisar todo el universo de establecimientos educativos privados y el 75% de los de salud privados", ejemplificó.

Sobre la gestión previa a la que compartió con Alvarez, consideró que "desde la conducción faltaba decidir los criterios y los objetivos de los controles, sobre los cuales los cuadros intermedios luego diseñaran la rutina de inspecciones".

Y admitió que existe una deficiencia en el sistema de sanción, dependiente de la Subsecretaría de Justicia. "No es lo suficientemente severo para corregir las conductas detectadas con el control. Hay locales que los cerramos varias veces, pagan una cómoda multa y vuelven a abrir", concluyó.

Entrevista a Juan Jose Alvarez

Chiche Gelblung: El diputado Juan José Álvarez, justicialista, está en línea. Diputado Álvarez, ¿cómo le va? Buenas tardes.

 

Juan José Álvarez: Hola Chiche. ¿Cómo le va?

 

ChG: Bien. A ver, ¿cuál es la situación?, porque nosotros estamos volcando nuestro programa al peronismo ¿no?

 

JJA: Me parece muy bien. Era hora.

 

ChG: Sí, sí, ya está, pero ya definitivamente. Lo que no sabemos es si tenemos partido.

 

JJA: Sí, tenemos partido, tenemos partido, Chiche.

 

ChG: Porque, no sé si me entiende, nos hicimos justicialistas. ¿Tenemos partido?

 

JJA: Sí, sí.

 

ChG: Pero, el partido ¿qué es, kirchnerista, duhaldista, de qué somos nosotros?

 

JJA: No, no, primero nosotros somos peronistas, que no es poca cosa. Y a partir de ahí, como todos los partidos políticos del mundo, podemos tener diferentes opiniones, que en algunos casos son matices y en otros casos son diferencias más grandes. En este caso, el tema que ya revela la seriedad y entendiendo perfectamente la preocupación, en este caso del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, donde en este momento estoy entrando, vamos a hacer una reunión como tenemos habitualmente los días lunes, que es suspendido en el mes de enero por las vacaciones, y volvemos ahora a nuestras reuniones semanales. Vamos a seguir discutiendo nuestras cosas, discutiendo cómo seguir adelante, en una situación que sería una hipocresía decir que es fácil, pero, también me parece que sería una temeridad plantearlo en términos dramáticos.

 

ChG: No, en términos dramáticos no porque evidentemente acá estamos hablando de...Digo, estamos hablando de dos líneas muy claras digamos acá, hay una línea victoriosa y hay una línea que no ganó las elecciones que perdió las elecciones. El tema es si la línea victoriosa que como fue por afuera quiere ir por el partido, o el partido va a seguir siendo del duhaldismo y la línea victoriosa va a quedar afuera.

 

JJA: No, el partido...  Primero, que llamar al Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, en esta época, del duhaldismo, me parece que es una cosa que tiene que ver con el pasado. Está claro que -y ustedes lo han visto en las últimas semanas- muchos compañeros nuestros han decidido, bueno, continuar su militancia política, digamos, más cerca de las estructuras que en su momento tuvieron que ver con el Frente para la Victoria y no con el Partido Justicialista. Y otros decimos que la importancia del Partido Justicialista, el compromiso que hay con los electores que nos votaron, nos obligan a seguir, digamos, acompañando lo que creemos que hay que acompañar, como lo hemos dicho en la campaña -no es ninguna novedad-, y en todo caso teniendo las disidencias que creemos que podemos tener desde nuestro partido, que es el Partido Justicialista.

 

ChG: Ahora, el Frente para la Victoria también es justicialista.

 

JJA: En el Frente para la Victoria hay muchos justicialistas, esto es indudable y yo no tengo ni un peronólogo ni nada que se le parezca ni lo voy a aplicar; sería faltarle el respeto a quienes tienen inclusive bastante más trayectoria que quien habla. Pero, lo que también es objetivamente cierto es que es una estructura política distinta donde, como bien han dicho muchos importantes integrantes del Frente para la Victoria, el mismo gobernador de la provincia, incluye peronistas pero también incluye a otras fuerzas políticas distintas (...) pero no es el peronismo.

 

ChG: Ahora, hay una interna aparentemente porque yo el otro día escuché declaraciones de Solá dice que si hay una interna yo voy a la interna. Él va a la interna por el justicialismo, supongo.

 

JJA: Y, habría que preguntarle a él. Supongo que sí, pero tampoco lo sé porque...

 

ChG: Pero vio que él dijo eso, por eso no sabía...

 

JJA: Sí, pero yo no quiero (...) ni faltarle el respeto a nadie. Lo que yo sí digo es que al primero que no le debemos faltar el respeto es a la gente que hace 90 días le pedimos el voto. Porque, sino usted dice ‘bueno mire yo lo voté o tengo un amigo que lo votó a usted. ¿Y qué le digo? ¿Que no, que como sacamos menos votos en las elecciones ahora somos otra cosa? Me parece que eso no es serio. Mire lo peor que puede (...) esto digo, el debate que no queremos dar y que intentar, con todo respeto, de no aparecer como oportunistas. Es mucho más fácil para muchos intentar anotarse en el sector ganador, obviamente que es mucho más edificante. Pero no es lo que corresponde. Tanto hablamos de la calidad institucional y de las instituciones, bueno, ahora tenemos que representar a quienes nos votaron de la mejor forma posible.

 

ChG: Diputado Álvarez, le agradezco, la gentileza. Después dígame como termina esto, porque estamos ahí medio...porque yo lo escuché a Aníbal Fernández que decía, bueno, hay otro problema que es más importante que la normalización del justicialismo.

 

JJA: Seguro, sin ningún lugar a dudas. Es cierto, absolutamente cierto. Lo que es cierto también que en un régimen democrático de partidos, y los partidos son importantes. Nosotros somos un partido, un partido que perdimos las elecciones.- Tenemos que hacer una fuerte autocrítica. Pero, también es cierto...

 

ChG: Perdieron las elecciones frente a otros miembros del partido.

 

JJA: Una parte sí, otra parte no.

 

ChG: No, por eso. No, nosotros para saber donde ponernos.

 

JJA: Pero además, pero además también hubo un millón de personas que eligieron esta opción y no se les puede decir ‘como ustedes son menos que los otros, muchas gracias’...

 

ChG: Desde luego que no. Diputado Álvarez le agradezco la gentileza. Le mando un saludo. Juan José Álvarez, diputado nacional por el Partido Justicialista.

Debatieron acerca del proyecto de ley de refroma al consejo de la magistratura

Asociación Conciencia, que desde el año 2002 coordina la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino, organizó la jornada de Debates sobre el Consejo de la Magistratura. El evento se realizó el 7 de febrero en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En la Jornada se debatió acerca de la integración y el mejoramiento del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, tomando como disparador el Proyecto de Ley que presentó el Poder Ejecutivo para Reformar el Consejo de la Magistratura.

 

El encuentro se dividió en dos paneles que reunieron juristas de alto reconocimiento académico o de gestión, representantes políticos oficialistas y de la oposición y figuras indiscutibles en el ámbito de la sociedad civil. Además, 150 personas se acercaron al encuentro para escuchar y debatir con los expositores.

 

El primer panel estuvo enfocado a la integración del Consejo de la Magistratura y el punto neurálgico de la discusión giró alrededor del Proyecto de Ley que propone la reducción de sus miembros de 20 a 13. En este sentido, las posiciones, a favor y en contra, estuvieron claramente definidas.

 

Entre los argumentos de oposición al Proyecto expuestos por el Dr. Ricardo Gil Lavedra, el senador Ricardo Gómez Diez, la diputada Marcela Rodríguez, el Dr. Daniel Sabsay y el Dr. Juan Vicente Sola se destaca, principalmente, la cuestión del equilibrio. Los panelistas opinaron que sería inconstitucional el Proyecto de Ley que impulsa el gobierno porque no asegura el equilibrio entre los tres sectores involucrados (abogados, jueces y representantes políticos) en la integración del Consejo. Por el contrario, el Proyecto reduce a 13 los miembros de los cuales 7 son representantes del Ejecutivo y de las Cámaras (5 podrían ser oficialistas). En este sentido, según Gil Lavedra el gobierno se "estaría asegurando el poder de veto en la designación de los magistrados". Por su parte, Daniel Sabsay se refirió al Jurado de Enjuciamiento al manifestar que, en la integración del mismo, todavía es más grave la violación al principio de equilibrio, "de los 7 miembros del juri, 4 serían representantes del poder político lo que implica un motivo adicional de presión para los jueces".

 

La defensa del Proyecto estuvo representada por la Sdora. Vilma Ibarra, el Dip. Luis Cigogna y el Dr. Osvaldo Guglielmino quienes afirmaron que el equilibrio está asegurado porque no significa la igualdad entre sectores. Cigogna defendió la reducción aseverando que facilita la construcción de consensos y privilegia al sector político por ser el único con "legitimidad popular". Por su parte, Ibarra hizo hincapié en la actitud del gobierno al "autolimitarse en la designación de los jueces de la Corte Suprema". Por último, Guglielmino denunció una fuerte campaña periodística en contra del Proyecto.

 

El segundo panel estuvo enfocado al mejoramiento del desempeño del Consejo; la selección y el perfil del Juez a designar; la importancia de la Escuela Judicial en la formación ética y profesional de los jueces y el control disciplinario y de buena conducta.

 

Los panelistas enumeraron algunas propuestas que consideraban de suma importancia para reforzar el buen desempeño del Consejo a la hora de elegir a los magistrados. Así, el Dip. Juan José Alvarez recalcó la importancia del perfil del Juez que debe ser "un buen hombre perito en derecho". La Dra. María Angélica Gelly, además,   agregó las cualidades de "gestión y la idoneidad física y psíquica". Por su parte, el Dr. Alberto Pisano señaló que "no hay un modelo que asegure el éxito del Consejo ni de la Escuela Judicial".

 

Por otra parte, la senadora Diana Conti, única defensora del Proyecto del panel, subrayó la importancia de que los jueces sean, ante todo, "buenos ciudadanos". Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer expresó que "la ciudadanía reclama al Sistema Judicial una mejor accesibilidad, una mayor eficiencia y más credibilidad". En este sentido, consideró que a pesar de las duras críticas que recibe desde su reglamentación en 1998, "ha mejorado el sistema de selección de jueces". Por el contrario, el Dr. Jorge Vanossi considera al Consejo de la Magistratura un "injerto importado que lo único que provoca es el desguace de la Corte Suprema de Justicia". Sin embargo, la "República no merece una institución europea que nada tiene que ver con nuestra realidad", concluyó.

 

La Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino ha desarrollado su actividad desde principios del año 2002 y ha dirigido su accionar a conseguir consensos relacionados a la determinación de las políticas específicas que se han considerado necesarias en el área de la administración de justicia, siempre en el sentido de propiciar la construcción de ciudadanía a través del desarrollo de un espacio articulador, plural y participativo, con el fin de facilitar acuerdos sociales, promover acciones de la sociedad civil e incidir en políticas públicas que contribuyan al bien común.